Al sacar a la luz simultáneamente ambos documentos, Cáritas pretende poner el foco los esfuerzos desarrollados por el conjunto de las 70 Cáritas Diocesanas del país en un mercado de trabajo caracterizado por una creciente inestabilidad y precariedad para acompañar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad laboral.

Por eso, además de rendir cuentas sobre las acciones de empleo, economía social, comercio justo y finanzas éticas en las que en 2019 participaron casi 79.000 personas, Cáritas alerta sobre las amenazas para el trabajo decente que suponen el aumento de la precariedad laboral de nuestro país, donde casi el 48,1% de los trabajadores que tienen jornada parcial no la desean y la inestabilidad laboral grave afecta a 7,8 millones de personas que viven en hogares donde su sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo.

La rueda de prensa celebrada en la sede de Cáritas Española en la que se presentaron ambos documentos contó con las intervenciones de Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, que estuvo acompañada por Raúl Flores, coordinador de Estudios y secretario técnico de FOESSA, y Francisco Lorenzo, director de Acción Social.

Precariedad e inestabilidad, amenazas para el trabajo decente

El “Focus” de FOESSA sobre vulneración de derechos en el ámbito laboral analiza en qué medida la alerta sobre el aumento de la precariedad y la inseguridad laboral lanzada hace poco más de un año en el VIII Informe FOESSA se está asentando en nuestro mercado de trabajo y provocando, en palabras de Raúl Flores, que “una parte de los trabajadores se vean privados sistemáticamente del derecho a un trabajo decente”.

Esta aseveración se basa en los datos recogidos en el estudio elaborado por el Comité Técnico de FOESSA, donde se señalan las siguientes constataciones:

– El trabajo indefinido y a tiempo completo es hoy en día una quimera para cerca de cuatro de cada diez trabajadores (34,6%), un amplio porcentaje de población que no se encuentra dentro de la norma social de empleo, es decir; que no trabaja las horas que le gustaría ni durante los periodos de tiempo que querría, viendo claramente vulnerado su derecho a un trabajo digno.

– El 13,5% de la población tiene una jornada laboral a tiempo parcial y casi la mitad de ellos, el 48,1%, sufren la parcialidad indeseada; es decir, se mantienen en esa situación contractual porque no han podido encontrar un trabajo a jornada completa o conseguir la ampliación horaria en su actual empleo, con lo que eso significa en cuanto a merma de nivel de ingresos y el bienestar y comodidad asociadas a ellos.

– La temporalidad en las contrataciones y la corta duración estas es otra de las realidades que azota a nuestro mercado laboral. En agosto del presente año, y según el Informe del Servicio Público de Empleo Estatal, sólo un 8,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos, mientras que los temporales alcanzaron el 56,3% del total firmados en ese mes y, de ellos, casi cuatro de cada diez, el 37,8%, tuvieron una duración inferior a siete días.

– La inestabilidad laboral grave alcanza a 7,8 millones de personas que viven en hogares donde su sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo. Esta realidad afecta al 16,4% de las familias.

– Destacan especialmente la situación de inestabilidad de aquellas personas que subsisten a base de empleos informales. Hablamos de 615.000 conciudadanos que, en la mayoría de los casos, sufren la máxima expresión de la precariedad laboral al ver pisoteados sus derechos sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia ni a coberturas sociales en los periodos menos favorables.

– Las familias en inestabilidad laboral grave sufren serias dificultades económicas, que se reflejan en no disponer de dinero para afrontar gastos imprevistos (52%) o haberse visto en la obligación de pedir ayuda económica a parientes o amigos (42%). La realidad de ser trabajadores y ser pobres, a pesar de madrugar a diario y dedicar gran parte de su tiempo y energías a cumplir en su empleo, afecta a casi 2,5 millones de trabajadores pobres (13% de los trabajadores), quienes, a pesar de estar empleados, no logran abandonar situaciones de pobreza relativa.

– La fragilidad del espacio básico de seguridad, la vivienda, es otra consecuencia de este panorama: 3 de cada 10 familias en Inestabilidad Laboral Grave carecen de dinero suficiente para afrontar gastos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, suministros, etc.). Asimismo, 2 de cada 10 familias han recibido avisos de cortes de suministros por no disponer de dinero suficiente para pagarlos.

– La privación del trabajo decente afecta más a aquellos sectores y grupos humanos muy expuestos a la estacionalidad y a las coyunturas socio-económicas (hostelería, turismo, servicios auxiliares…). Al comparar la base de cotización media de la hostelería con la media de los trabajadores del país, el resultado es que los sueldos son un 40% más bajos. Y si dentro de este sector ponemos el foco en el servicio de comidas y bebidas, y observamos la diferencia entre hombres y mujeres se compruebas que los salarios de los camareros son un 43% más bajos y los de las camareras un 50%.

– Con relación al trabajo en el ámbito doméstico, lo primero que destaca es que solo hay registradas 38.274 personas como cotizantes en este sector profesional, lo que indica que buena parte de las trabajadoras (sector altamente feminizado) realizan su labor sin los derechos y la protección que deberían tener. Por otro lado, el salario del personal doméstico es hasta un 52% inferior a la media entre las mujeres.

– Las dificultades para acceder a un trabajo decente son especialmente significativas entre las mujeres y la población de origen extranjero. En el caso de las mujeres cabe destacar la importante desigualdad salarial con respecto a los hombres, que medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 21%.

– La población de origen extranjero sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente al ser personas a quienes el marco legal empuja a una situación administrativa irregular y se ven obligadas a cubrir puestos de trabajo en la economía informal. Incluso cuando la situación administrativa es regular, la desigualdad salarial medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 24% entre los trabajadores extranjeros.

– Los sistemas de protección pública al desempleo no han sabido adaptarse a la mutación que ha tenido lugar en el mercado laboral. Como Cáritas y FOESSA vienen alertando repetidamente, el trabajo ha perdido su relevante rol de garantizador de la inclusión social: contar con un empleo, más aún si éste es precario, no protege ante situaciones de exclusión o pobreza, lo que se debe asumir y comprender desde los sistemas de protección pública para abordar ese problema.

– Este desajuste se muestra en el hecho de que sólo uno de cada cuatro (el 24,8%) hogares sustentados por una persona en situación de inestabilidad laboral grave reciben algún tipo de prestación por desempleo o renta mínima de inserción.

“En resumen –afirmó el coordinador de Estudios de Cáritas—, nos encontramos ante un mercado laboral y una concepción del trabajo que no es capaz de asegurar a un elevado porcentaje de población ocupada el derecho a un trabajo decente y que, como consecuencia, ve vulnerado su derecho a la vivienda y a otras necesidades básicas, sin que los sistemas de protección del Estado de bienestar estén reaccionando con la flexibilidad y la adaptación que la realidad requiere”.

Informe de Economía Solidaria 2019: Trabajar por lo que es justo

En este escenario donde, como señaló Francisco Lorenzo, “nuestro modelo de sociedad parece seguir afirmando que el empleo es camino señalado para la integración social, pero vemos que su capacidad protectora es claramente insuficiente” es en el que Cáritas “sigue reforzando su apuesta por una forma de hacer economía en la que la persona y su dignidad, y las comunidades se encuentran en el centro”.

Esta opción por un modelo inclusivo del empleo arroja resultados concretos y positivos año tras año. Así lo confirman los datos del Informe de Economía Solidaria 2019, que se edita bajo el título “Economía y personas: Trabajar por lo que es justo”. Las cifras del último año apuntan en esa dirección:

– De las 78.976 personas que han participado en programas de empleo, 15.368 han encontrado trabajo. en un mercado laboral exigente y tratándose de personas que en algunos casos tienen que superar barreras añadidas.

– Se realizaron 1.057 acciones formativas, por las que pasaron 16.276 personas.

– 29.755 personas fueron atendidas por los servicios de intermediación laboral.

– Junto a ello, 689 personas participaron en acciones de autoempleo.

Además de apoyar a las personas para que encuentren un puesto de trabajo en el mercado laboral, en Cáritas también se promueven iniciativas capaces de generar empleo a través de las empresas de inserción, que son iniciativas sin ánimo de lucro donde más de la mitad de los trabajadores son empleos de inserción.

A fecha de hoy, Cáritas cuenta en todo el país con 73 iniciativas de economía social, que suponen un total de 1.787 puestos de trabajo, de los cuales 985 son empleos de inserción por los que pasaron 1.353 personas en 2019. Gracias al impulso a la empleabilidad de estas empresas de inserción, 287 personas han encontrado empleo en el mercado normalizado.

Otro ámbito estratégico de la acción de Cáritas en el marco de la economía solidaria es su apoyo al comercio justo, que se concreta en una red estatal integrada por 33 tiendas y 114 puntos de venta, que el año pasado facturaron casi 582.000 euros. Además, se llevaron a cabo 520 acciones de sensibilización entorno al consumo responsable, el comercio justo y las finanzas éticas

Todo este trabajo a favor de la creación de empleo decente se apoya en el compromiso activo de 3.184 voluntarios y 984 contratados.

En términos económicos, la inversión total destinada por las 70 Cáritas Diocesanas de toda España a sus recursos y proyectos de empleo y economía social en 2019 fue de 45.857.329 euros. De estos, 31.219.095 euros se invirtieron en los programas de empleo, 482.596 euros en actividades de comercio justo y 14.155.638 euros se destinaron a las iniciativas de economía social.

Como explicó el director de Acción Social de Cáritas, “preferimos no hablar de gasto, sino de inversión, y no lo hacemos en términos metafóricos o poéticos sino porque para Cáritas, cada recurso invertido supone un beneficio en el medio-largo plazo: un beneficio social en términos de autoestima, reconocimiento de dignidad y acceso a derechos de las personas que acompañamos; y un beneficio económico, ya que si los más de 31 millones de euros han servido para que 15.368 personas encuentren empleo, eso nos da una media de inversión de 2.000 euros por persona”.

Además de reclamar la implicación de las Administraciones públicas como “garantes de derechos y para que inviertan en iniciativas que en el medio plazo les supondrá un ahorro”, Francisco Lorenzo apeló a las entidades privadas a “dar oportunidades dignas a las personas a las que atendemos y a reforzar un apoyo que nos permitan seguir manteniendo iniciativas que funcionan”.

Una economía que ponga a la persona en el centro

Aprovechando la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, Natalia Peiro apostó en su intervención por “una economía que ponga a la persona en el centro como condición indispensable para avanzar en el horizonte del trabajo decente”.

“Proteger el derecho al trabajo decente precisa de un cambio de paradigma, pensar el trabajo desde las personas y no desde la dimensión puramente productiva y económica. Una sociedad que promueva el derecho al trabajo decente tendrá que plantear el sentido y el valor del trabajo más allá del empleo”, aseguró.

La secretaria general de Cáritas apeló, asimismo, al decisivo papel de las empresas para la consecución del trabajo decente, ya que “en el marco del modelo social en que vivimos, cumplen una clara función social, que actúa de manera complementaria a otros agentes, en la construcción de sociedad”. “Las empresas –dijo— han de comprenderse a sí mimas como agentes que se hacen cargo y cuidan de la sociedad a la que pertenecen y en la que operan, que es la única manera en que se puede generar no solo riqueza sino también valor social”.

Por ello, lanzó “un llamamiento a la sociedad en general y a las empresas en concreto, para transformar elementos cruciales del mercado de trabajo, muchas de ellas vinculadas a una competitividad mal entendida que, en ocasiones, puede acabar ofreciendo unas condiciones laborales precarias para sus empleados”.

En ese sentido, la secretaria general de Cáritas invitó “tanto a empresas como a consumidores para que las primeras sean capaces de asentar su posición en el mercado y buscar su competitividad, sin cargar el coste de esta operación sobre los hombros de los trabajadores, junto a una actitud vigilante, comprometida y responsable de los consumidores que premie a las compañías que cumplen con los principios del trabajo decente”.