La alianza de entidades formadas por Andalucía Acoge, Cáritas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, valoran que la reforma del Reglamento de Extranjería que entra en vigor hoy tiene margen de mejora. Las cinco entidades hicieron llegar propuestas concretas durante el proceso de reforma del Reglamento de Extranjería. Aunque algunas fueron recogidas, quedaron fuera demandas clave como facilitar la reagrupación familiar o permitir el acceso a una cédula a personas sin pasaporte.

Entre los aspectos positivos destacan la flexibilización de determinados requisitos que permitirán la regularización de algunas personas extranjeras que estén en situación administrativa irregular en territorio español. Por ejemplo, en el caso del arraigo social se reduce en un año el tiempo de residencia exigido para poder solicitarlo y el arraigo socioformativo permite trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formación y una vez finalizada se podrá cambiar el permiso de residencia por uno de trabajo presentando una oferta o contrato laboral. Sin embargo, se mantiene que para un número muy importante de personas sea necesario vivir al menos dos años de manera irregular – con el impacto que esto tiene en sus condiciones de vida – para poder acceder a una autorización de residencia y trabajo.

Pese a los avances, las cinco entidades consideran que hay aspectos relevantes que no se han tenido en cuenta y que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas migrantes. En este sentido, alertan especialmente sobre las graves consecuencias que tendrá la aplicación del Reglamento para miles de solicitantes de asilo cuyas solicitudes sean rechazadas o que han desistido de sus solicitudes por temor a las consecuencias de la nueva regulación de extranjería. Estas personas, durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años, cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español. Con la reforma del Reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá para decenas de miles de personas no solo la pérdida de esta autorización, sino que, deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo.

Pérdida de derechos

De esta forma, el nuevo Reglamento de Extranjería genera que personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos.

Durante los primeros meses de 2025, la vida de miles de personas migrantes y solicitantes de asilo se ha visto paralizada ante la necesidad de tomar decisiones que afectarán su futuro y el de sus familias sin tener claridad sobre la interpretación de preceptos claves del nuevo Reglamento. En este contexto, el pasado 13 de mayo, el Ministerio de Inclusión publicó dos instrucciones con la vocación de aportar estas aclaraciones. Una de ellas relativa a las autorizaciones por arraigo, y la otra al nuevo estatuto de familiar de español. Ambas demuestran una voluntad de mejora del reglamento, sin embargo, las entidades consideran que las instrucciones internas llegan tarde y no son la vía adecuada para introducir algunas medidas de calado que recogen, debido a la poca seguridad jurídica que generan.

Por último, las entidades sociales señalan que, además de crear nuevas situaciones de irregularidad administrativa, este Reglamento no va a resolver de manera inmediata la situación de irregularidad en la que se encuentran miles de personas y por ello destacan la necesidad de aprobar en paralelo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria como vía para garantizar derechos a miles de personas que viven y trabajan en nuestro país, cuya reactivación se ha conocido hoy a través de los medios de comunicación.