¿Te has preguntado alguna vez cuál es la realidad que se esconde detrás de un objeto de uso cotidiano como es tu smartphone? ¿Sabías que producir un kilo de coltán, un mineral indispensable para fabricar teléfonos móviles, le cuesta la vida a dos personas en la República Democrática del Congo?

Denunciar los abusos sociales y medioambientales que se cometen tanto en el proceso de fabricación como en el uso diario de nuestros móviles es el objetivo que las entidades que impulsan la campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza” y que promueven la iniciativa “Enlázate por la Justicia” –Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario)— se proponen con motivo de la celebración, el 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente.

En la última década, los teléfonos móviles han pasado a dominar nuestra vida cotidiana. Su venta se ha incrementado exponencialmente en todo el mundo, sobre todo los denominados smartphones. Si en 2007, casi nadie tenía un teléfono inteligente, en 2019 están en todas partes. De hecho, a nivel mundial, casi dos de cada tres personas de entre 18 y 35 años poseen uno y, en sólo 10 años, se han producido más de 7.000 millones de estos dispositivos, aproximadamente el mismo número de habitantes que hay en el planeta.

Y aunque estos teléfonos de última generación pueden ser inteligentes, elegantes, pulcros, rápidos (que es la traducción del término inglés “smart”), dependen de elementos físicos sin los cuales no sería posible su fabricación ni su funcionamiento. Del mismo modo que en su producción son necesarios diversos materiales (plástico, cristal, cerámica) y materias primas (metales, como el aluminio y el hierro, y minerales, como las tierras raras), la “nube” donde se almacena la información digital no existiría sin los lugares del planeta donde se ubican los superordenadores que la mantienen.

Costes sociales y ambientales

Además de un precio económico, los móviles tienen importantes costes sociales y medioambientales. Un móvil estándar contiene entre 500 y 1.000 componentes distintos. La extracción y procesamiento de estos componentes generan unos 75 kg de desperdicios por teléfono. Algunos de estos elementos son recursos caros y escasos, y están relacionados con abusos sociales y medioambientales. El impacto ambiental de la producción de smartphones es tan alto que para compensar las emisiones de gases efecto invernadero tendríamos que usar cada dispositivo entre 33 y 89 años. Sin embargo, en Europa se renueva cada año alrededor del 40% del parque de móviles existentes, lo que suponen unos 18 millones de móviles sólo en España.

Si bien la vida útil de un aparato es de unos 10 años, batería aparte, el tiempo medio de utilización se sitúa entre el año y medio y los dos años y medio. Poco parecen preocuparnos los impactos a largo plazo de la eliminación de esta basura tecnológica, un problema global que se hace patente en las exportaciones de aparatos electrónicos usados a terceros países, especialmente de Asia y África, que no están preparados para la gestión de estos desechos.

Brecha digital

“Enlázate por la Justicia” pone el acento, también, en la brecha digital que conlleva el uso del smartphone, al convertirse en un indicador más de la diferenciación social. El problema moral más serio causado por las nuevas tecnologías de la comunicación es el acceso desigual a la información que existe actualmente y que estimula el surgimiento de una nueva clase, la de los ricos en información, capaces de acceder sin limitaciones geográficas o económicas a las redes móviles de internet.

La conocida como brecha digital se da principalmente en los países africanos, donde aunque se posean teléfonos móviles, se está lejos todavía de procurar un acceso mayoritario a la red a través de los mismos. En la actualidad (marzo de 2019) tan solo el 35,9% de los ciudadanos africanos cuentan con acceso a internet, frente al 86,6% si hablamos de los europeos y un 89,1% si se trata de residentes norteamericanos. A menos que se haga algo al respecto, la creciente brecha entre los países subconectados y los hiperdigitalizados se ensanchará, lo que agravará las desigualdades que ya existen.

El nivel de digitalización puede incluso influir en la capacidad de los países para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y enfrentar desafíos como el hambre, las enfermedades y el cambio climático. Por eso, es necesario un mayor esfuerzo para apoyar a los países en sus intentos de integrarse a la economía digital.

Junto a la introducción constante de nuevas funciones que facilitan y agilizan nuestra vida diaria, lo que refuerza nuestra dependencia de esa tecnología, cabe subrayar la exposición a la presión publicitaria, modas y cambios estéticos a las que nos somete. Cada vez surgen más accesorios para estos teléfonos, lo que fomenta una dinámica de extractivismo de materias primas necesarias para la producción de los mismos y que tienen componentes minerales, extraídos de zonas ricas en recursos naturales. Esta demanda excesiva provoca la merma de las condiciones laborales y de seguridad de los lugares de procedencia, y el deterioro ambiental de los mismos.

Otro problema es el creado por el cambio de las relaciones personales y el auge de las adicciones provocadas por su utilización. De hecho, el uso de internet y teléfonos móviles de forma compulsiva, repetitiva y prolongada actualmente es considerado como una adicción, ya que supone una incapacidad para controlar o interrumpir su consumo, con serias consecuencias sobre la salud, la vida social, familiar, escolar o laboral. Añadamos a ello el poder que otorgamos con nuestro consumo diario a grandes empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Huawei, Tencent, Taobao, etc.

Los casos de Congo, Ghana y la Amazonía

Los efectos sociales y medioambientales de la producción de tecnología digital vinculada a los smartphones tienen nombres y apellidos. “Enlázate por la Justicia” pone el foco en tres puntos geográficos concretos: la República Democrática del Congo, Ghana y la Amazonía.

La comunidad de Manguredjipa, en el territorio de Lubero de la provincia de Kivu Norte, de la R.D. Congo, un país muy rico en recursos naturales, está en el “ojo del huracán” al ser una región productora de cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán. La explotación y el contrabando de este último se debe a la enorme demanda internacional de productos electrónicos, especialmente de la tecnología móvil, en la que es imprescindible el tantalio, que se extrae del ya citado coltán. El 80% de las reservas mundiales de este mineral se encuentran en el este del Congo y su explotación está ligada a la violación de derechos humanos, la destrucción del medio ambiente y la financiación de los conflictos existentes en la región. Se estima que la extracción de cada kilo de coltán le cuesta la vida a dos personas en Congo.

Agbogbloshie es un barrio de Accra, la capital de Ghana, donde viven unas 40 mil personas bajo condiciones de extrema pobreza. Desde hace una década, esa zona urbana es también uno de los cementerios de basura electrónica procedente de Europa y Norteamérica más grandes del mundo. Este lugar se considera uno de los lugares más contaminado del continente africano, principalmente por metales como plomo, berilio, cadmio o mercurio. Un estudio de la ONU en el 2014 reflejó que en Agbogbloshie la concentración de plomo en el suelo llega a superar mil veces el nivel máximo de tolerancia. Familias enteras, incluidos niños y niñas, trabajan 12 horas al día en este vertedero, un oficio en el que ganan más de dos euros al día, que duplica el salario mínimo en el país. Naciones Unidas ha incluido a Agbogbloshie en la lista de los sitios más peligrosos del mundo para vivir.

La Amazonía es otro de los escenarios donde se sufren los efectos medioambientales de la extracción minera relacionada con las nuevas tecnologías. Esta actividad ha supuesto enormes perjuicios a la población indígena y destrucción ambiental tanto en Brasil como Venezuela, sobre todo en la región de los ríos Orinoco, Mucajai, Parima y Catrimani.

En la época de auge de explotación de oro, que también está presente en los teléfonos móviles, cerca del 20% de la población Yanomami murió a causa de enfermedades, hambre, violencia y otros impactos generados por la minería ilegal. Debido a la falta de control de esta actividad, los territorios indígenas enfrentan graves peligros de destrucción, contaminación de agua, acumulación de residuos sólidos no biodegradables, afectando no solo a la naturaleza y a los hábitats de diversos animales sino a la forma de vida de estas comunidades indígenas.

Signos de esperanza

La entrada en vigor en toda la Unión Europea, en enero de 2021, del Reglamento sobre los minerales en zonas de conflicto abre una ventana a la esperanza, ya que se marca como objetivo el contribuir al control del comercio de los metales estaño, tantalio, tungsteno y oro (3TG). Con ello, se pretende garantizar que los importadores europeos de 3TG cumplan las normas internacionales responsables de abastecimiento establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que las fundiciones y refinerías de 3TG de todo el mundo se abastezcan con responsabilidad; contribuir a romper el vínculo entre conflicto y explotación ilegal de minerales; y ayudar a acabar con la explotación y los abusos contra las comunidades locales, incluidas las personas que trabajan en las minas, y fomentar el desarrollo local. Sería deseable que este Reglamento obligatorio se fuese ampliando a otras materias primas y a toda la cadena de suministro.

El marco de referencia inicial es la Guía de Diligencia debida de la OCDE (2011), que establece una serie de recomendaciones para que las empresas se comprometan a hacer un autodiagnóstico voluntario sobre el origen de los minerales que utilizan y a publicar esa información en sus informes anuales o sitios web.

Actuar en clave personal y comunitaria

Junto a ello, las entidades Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) invitan en el Día Mundial del Medio Ambiente a actuar en clave personal y comunitaria para impulsar medidas transformadoras, que pasan por hacer un uso austero, racional y sostenible de estos dispositivos.

Un buen comienzo pasa por observar el principio “Superarás el paradigma tecnocrático” del Decálogo Verde lanzado dentro de la campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza”. Y por escuchar las palabras de Francisco en Laudato Si´: “Es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral”.