Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, Cáritas Europa ha hecho un llamamiento a la nueva Comisión Europea para que ponga a las personas en el centro de las políticas exteriores de la UE.

En concreto, apela a la Comisión para que reafirme con acciones concretas su compromiso con la implementación de la Agenda 2030 y con la defensa de la coherencia política para el desarrollo sostenible en todas las políticas exteriores de la UE. Solo así la Unión Europea podrá garantizar la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos.

Cáritas Europa insta al Comisionado designado para las Asociaciones Internacionales a priorizar las políticas de desarrollo internacional centradas en el ser humano, y hace un llamamiento a todo el Consejo para que coloque a las personas en el centro de todas las políticas externas de la UE.

En ese sentido, recuera que los derechos humanos, como la libertad y la igualdad, forman parte de los valores fundacionales de la UE (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea) y de la Agenda 2030 y los objetivos de los ODS, con los que tanto la UE como sus Estados miembros se han comprometido. Para Cáritas Europa, los derechos humanos deben protegerse y promoverse en todas las políticas exteriores de la UE, incluidas las áreas de agricultura, comercio, impuestos y migración, así como en las políticas de seguridad y desarrollo.

Erradicación de la pobreza y vías seguras para la migración

A pesar de ello, Cáritas Europa lamenta que la agenda actual ponga los intereses económicos y de seguridad de la UE en primer lugar, descuidando la erradicación de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la creación de vías seguras y legales para la migración, entre otras medidas. Urge, por ello, a la Comisión Europea a priorizar sus esfuerzos tanto para revertir aquellas políticas de la Unión que tienen un impacto negativo en el desarrollo sostenible en el Sur como para garantizar que todas las políticas futuras se comprometan a no dejar a nadie atrás. Sirva como ejemplo el hecho de que la UE y sus Estados miembros, como donante global más importante de ayuda al desarrollo, desempeñan un papel esencial en la lucha contra el hambre. En este sentido, la UE debería considerar aspectos como la regulación de los biocombustibles, la propiedad de la tierra y las políticas comerciales desde un punto de vista global a la hora de evaluar todas las consecuencias y riesgos que estas cuestiones podrían suponer pa
ra los más pobres del mundo.

Como señala María Nyman, secretaria general de Cáritas Europa, “toda actividad política debe estar al servicio de las personas. Los líderes de la UE tienen la responsabilidad de adoptar una interpretación ética de la relación entre migración, desarrollo y la persona humana. La dignidad humana debería ser la cuestión moral central en el diseño e implementación de las políticas exteriores de la UE».

“El Día Internacional de los Derechos Humanos –añade Shannon Pfohman, directora de Política y Defensa de Cáritas Europa— es una oportunidad para recordarles a los líderes de la UE que se tomen en serio la diversidad, que pongan la dignidad humana en el centro de la formulación de políticas y que repensemos cómo se relacionan ellos mismos con las personas. Queremos que escuchen a quienes viven en la pobreza y la exclusión y que diseñen políticas que funcionen para las personas”.

Vulneración de Derechos Humanos en España

Junto a esta reivindicación en el ámbito europeo, desde Cáritas Española, como miembro de la Red Europa de Lucha contra la Pobreza (EAPN), integrada en la Plataforma DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) en España, se pone el foco en la realidad de protección de los derechos humanos en España, donde existen situaciones de vulneración de los mismos que han ido empeorando desde el estallido de la crisis económica y sus años posteriores. Esta grave situación ha sido también denunciada por los diferentes mecanismos de control de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Como se señala desde la Plataforma DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus tres informes remitidos al Estado español ha mostrado su preocupación por que los derechos económicos, sociales y culturales sigan siendo considerados como meros principios rectores de la política social y económica, y que sólo puedan ser invocados cuando hayan sido desarrollados legislativamente o en relación con otros derechos que cuentan con mayor protección, como el derecho a la vida.

La Constitución Española contempla la incorporación automática de los tratados internacionales en su ordenamiento jurídico en el artículo 10. Y aunque España se comprometió al cumplimiento efectivo del Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales y a la utilización de un mecanismo para hacerlo efectivo con la firma del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, estos derechos, sin embargo, son tratados como “derechos de segunda”, con una menor garantía, protección y desarrollo que los derechos civiles y políticos, dada su posición como “principios rectores” en la carta magna, y no como derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Gobierno español se han pronunciado recientemente de forma contundente al respecto.

La Plataforma DESC denuncia esta interpretación, que en última instancia impide a la ciudadanía invocar derechos como la vivienda, la salud, la protección social ante los jueces y tribunales. Para ello, es necesaria una reforma constitucional para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con el mismo grado de protección que a los derechos civiles y políticos, articulando la posibilidad de la invocación de estos derechos ante los jueces y tribunales de la jurisdicción correspondiente.

Asimismo, se urge al Gobierno español a que establezca un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el seguimiento de los Dictámenes del Comité DESC, así como las Recomendaciones de los diferentes Relatores de Naciones Unidas, de forma que se integren en el ordenamiento jurídico y social de nuestro país para garantizar que España sea un país comprometido de verdad con los derechos humanos.