«Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios» (Homilía del 1 de enero 2020, Papa Francisco).

Ante la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Cáritas recuerda que la realidad de pobreza y exclusión que Cáritas acompaña cada día tiene rostro de mujer y alerta sobre el impacto y las consecuencias que suponen la discriminación de género, anclada en un sistema estructural de desigualdad e injusticia social. Y denunciamos que las múltiples violencias que se siguen ejerciendo hacia las mujeres –tanto sexuales como físicas, laborales y psicológicas— son una consecuencia directa de esta desigualdad estructural.

Por esa razón, el logro de la igualdad de género en el mundo es uno de los grandes retos del siglo XXI. En septiembre de este año se cumple el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una de los hitos más importantes a nivel global a favor de los derechos de las mujeres. Pero 25 años después y a pesar de los avances producidos, los datos nos dicen que las medidas puestas en marcha son todavía insuficientes y es mucho el camino que queda por andar. Destacamos algunos de los retos pendientes:

– Las mujeres ostentan mayores tasas de pobreza que los hombres. En su reciente informe sobre la situación en España, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, especifica que las mujeres registran tasas más altas de pobreza relativa, carencia material severa, baja intensidad de empleo y pobreza extrema. Además, según el VIII Informe Foessa, el riesgo de pobreza aumenta un 20% más en los hogares sustentados por mujeres y más aún en hogares monomarentales, donde se suman las dificultades derivadas de la conciliación.

– La brecha de desigualdad en el ámbito del empleo sigue existiendo. Según datos de Eurostat, España tiene la segunda tasa más alta de desempleo femenino en la Unión Europea. A esto se suma la baja calidad laboral que desvela el hecho de que el 50% de las jornadas parciales desempeñadas por mujeres sean indeseadas y que obedece, sobre todo, a que ellas siguen siendo las principales sustentadoras de cuidados. Según datos del citado Informe Foessa, el 95% de las personas que cuentan con trabajo a tiempo parcial para poder dedicarse al cuidado son mujeres, lo que supone no sólo un freno en sus carreras laborales, sino el acceso a empleos con salarios y pensiones más bajos.

– La desigualdad de género es, en no pocas ocasiones, el motivo que empuja a las mujeres a empezar un proyecto migratorio. En estas situaciones, las mujeres están mucho más expuestas que los hombres a los largos itinerarios y procesos de tránsito transfronterizos, con serios riesgos, entre otros, de ser objeto de violencia sexual o de captación por redes de trata de personas. Y en los países de acogida, se enfrentan a la triple discriminación que supone ser mujeres, migrantes y trabajadoras. En el caso del mercado laboral, por ejemplo, sabemos por propia experiencia cómo las mujeres migrantes ostentan la mayor tasa de empleos en el ámbito a los cuidados (residencias de mayores, cuidado de menores, empleo del hogar…), sujetas, por lo general, a una menor remuneración en un sector caracterizado por la temporalidad y la economía sumergida.

Las consecuencias de las violencias en las mujeres a las que acompañamos cada día en todo el país a través de nuestra red de recursos de apoyo y escucha tienen un efecto desgarrador: graves dificultades de acceso a una vida digna y escasas oportunidades de elegir su propio proyecto vital por las barreras que impiden su desarrollo personal y laboral. Cada vez nos encontramos en nuestros programas con más mujeres que sufren un fuerte impacto psicológico derivado de situaciones de violencia y al que, junto a cuadros de aislamiento social, desconfianza e inseguridad, se suman problemas como adicciones, pérdida de ritmo social, miedo, estrés o deterioro de la autoestima.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que sitúa la protección de los Derechos Humanos en el centro de sus 17 Objetivos, considera que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es una pieza angular para el desarrollo humano y sostenible de los pueblos. La profunda experiencia acumulada por Cáritas tanto en España como en terceros países en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social así lo corroboran.

Es necesario que el liderazgo demostrado por las mujeres en sus procesos de empoderamiento y participación social se integren en todas las esferas de la vida, tanto pública como privada. Cáritas apuesta por las mujeres como motor de desarrollo, ya sea desde la acción de base, donde el personal voluntario y contratado de nuestra Confederación tiene mayoritariamente rostro de mujer, como en el acompañamiento a mujeres en situación de exclusión social a través de proyectos específicos en España y en otros lugares del mundo. En esos procesos somos testigos de la activa capacidad de las mujeres a la hora de protagonizar su propio desarrollo, lo que demuestra en qué medida otro modelo de sociedad basado en la igualdad, tanto en el hogar como en las comunidades y en la vida política, es posible.

Por todo ello, desde Cáritas invitamos a las Administraciones públicas, a los responsables políticos, a los agentes económicos y sociales, a la comunidad cristiana y a toda la sociedad a trabajar por un mundo libre de violencias machistas donde no se criminalice a las víctimas, sino a los culpables; a evitar la politización de las violencias vividas por las mujeres, tomando conciencia de no son hechos aislados y que, por tanto, reclaman respuestas públicas valientes y unánimes; y a apostar de manera intensiva por una educación basada en la igualdad de roles y la tolerancia que sirva para erradicar las conductas machistas todavía imperantes en nuestra sociedad.

Cáritas apuesta en esta Jornada por seguir trabajando a favor de un marco de relaciones entre hombres y mujeres sin barreras ni divisiones, donde los derechos de las mujeres, sean protegidos, respetados y garantizados. Sólo a través de la puesta en marcha de políticas públicas reales, dotadas de recursos, encaminadas a erradicar las desigualdades existentes tanto en el ámbito internacional, nacional como local, podremos conseguir vivir en una sociedad auténticamente igualitaria, inclusiva y sostenible.