Cáritas considera que las medidas urgentes en materia de empleo agrario contempladas en el Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril en el marco de la emergencia social generada por el coronavirus ofrecen una respuesta limitada e insuficiente, tanto para las necesidades reales de los trabajadores más vulnerables de un sector ya de por sí precarizado como para paliar la realidad social de las personas que viven en los asentamientos.

Una de las alertas que Cáritas viene lanzando desde la declaración del estado de alarma se refiere a la acuciante situación de los temporeros agrícolas inmigrantes, con lo que la organización tiene una dilatada experiencia de trabajo de acompañamiento social.

Actualmente, 11 Cáritas Diocesanas están dado respuesta en distintas regiones del país en las necesidades básicas de más de 3.000 de estas personas, fundamentalmente en unos 60 asentamientos distribuidos en Almería, Huelva, Murcia, Huesca y Lleida.

Limitado alcance económico y social

Desde el conocimiento directo de la realidad de gran precariedad que afecta a estas personas, Cáritas considera que el mencionado Real Decreto hubiera dado una respuesta más apropiada al sector y a la problemática social de esas áreas donde se concentran los asentamientos de haberse marcado un mayor alcance temporal de las medidas contempladas y un planteamiento social más ambicioso.

Por ese motivo, el RD tendrá un alcance muy limitado e insuficiente a medio y largo plazo, tanto en el terreno laboral en las campañas de recogida de frutas y hortalizas, dado que en algunas zonas la recolección de temporada se prolonga durante todo el año, como para la situación social de las personas migrantes que se encuentran en los asentamientos de las zonas agrícolas.

Inseguridad jurídica y precariedad social

Cáritas conoce de primera mano de la extrema precariedad social que afecta a miles de personas que habitan en infraviviendas y asentamientos informales durante las campañas agrícolas. Además, la situación jurídica de las personas que trabajan o buscan trabajo como temporeros se ve especialmente afectada por los procedimientos de renovación (regularización), cuyos criterios no se adaptan a la realidad del empleo agrícola.

Los asentamientos se convierten en campamentos compuestos por chabolas levantadas por los mismos temporeros con plásticos y maderas, carentes de las mínimas condiciones de salubridad y seguridad, que empuja a la población inmigrante a vivir en unas condiciones inhumanas e indignas.

Esta situación residencial extrema se ve agravada por las condiciones de precariedad laboral en las que desempeñan su actividad y, en no pocas ocasiones, por el trato recibido, lo que contribuye a que estas personas no se sientan protegidas ni empoderadas para exigir sus derechos.

Aunque la gran mayoría de las personas migrantes que residen en las zonas agrícolas están empadronadas en sus respectivos municipios, el Real Decreto no contempla la posibilidad de darles la oportunidad de regularizar su situación ni de garantizar sus necesidades.

Las medidas decretadas no aportarán una solución estable a la situación estructural deficitaria de mano de obra en el sector, sobre todo habida cuenta de que, a causa del cierre de fronteras, este año no habrá contingente de personas trabajadoras extranjeras por la crisis sanitaria. Mucho más allá del 30 de junio las campañas agrícolas continuarán necesitando mano de obra no disponible, con lo cual la temporalidad de la medida planteada en el Real Decreto limitará su posible efecto positivo sólo a determinadas campañas, pero no de la manera amplia y prolongada que necesita en estos momentos un sector estratégico como este.

También habría sido conveniente tener en cuenta las características de las campañas agrícolas en España, de forma que se facilitase el desplazamiento territorial de temporeros entre Comunidades Autónomas mediante la emisión de salvoconductos con las oportunas medidas de prevención en materia de sanidad e higiene.

No soluciona la problemática social en los municipios

Tampoco se ha tomado en consideración muchas de las propuestas lanzadas por varios agentes sociales, como los sindicatos y la patronal, que se mostraban partidarios de la regularización administrativa de los trabajadores migrantes en situación irregular que ya se encontraban viviendo en los distintos municipios.

Aunque muchas de estas personas que trabajan de forma continua durante el año reúnen los requisitos para iniciar el procedimiento de solicitud de arraigo, las características propias de las campañas agrícolas impiden a los empresarios que puedan ofrecerles contratos de trabajo por periodos iguales o superiores a un año.

En este sentido, Cáritas viene alertando desde hace tiempo sobre la extrema vulnerabilidad social derivada de este “limbo legal” en la que se encuentran miles de personas en infraviviendas y asentamientos, especialmente, las zonas de Huelva y Almería.

De ahí que se hubiese respondido de forma mucho más acertada el criterio de “proximidad” planteado en el Real Decreto regularizando la situación de las personas que se encuentran en asentamientos en las zonas de campaña. Se ha primado más la situación documental que el criterio de vecindad real, con lo que se sigue sin dar una respuesta a miles de personas que están trabajando durante esta pandemia en una situación administrativa irregular y abocados a una situación de exclusión social.

Condiciones laborales decentes

La explotación laboral, la precariedad social y las vulneraciones de los derechos humanos básicos de estas personas son a día de hoy situaciones muy presentes en el sector económico del temporerismo agrícola, tan relevante en prácticamente todas las campañas, Así se constata en el informe realizado por Cáritas en 2018 sobre “Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos de hogar”.

Es necesario hoy más que nunca velar porque las personas contratadas en este sector agrícola tengan unas adecuadas condiciones laborales, no sólo teniendo en cuenta la necesidad de contar con equipos y medidas de protección ante posibles contagios, sino garantizando unas condiciones laborales dignas en cuanto a jornada laboral, descanso, salario y trato.

Impacto positivo

A pesar de las limitaciones señaladas, Cáritas destaca también la oportunidad que el Real Decreto podrá suponer también para algunas de las personas a las que estamos acompañando y que cumplen los requisitos de dicho decreto. Por ello, apostamos porque las actuales medidas de urgencia tengan vocación de continuidad, con un enfoque temporal y social más ambicioso para el sector y, sobre todo, que ofrezca una respuesta más apropiada a las personas a la hora de regularizar su situación administrativa.

Las Administraciones locales y los empresarios de las zonas agrícolas son conscientes de cómo la migración no es una realidad ajena a sus comunidades, que se trata de personas trabajadoras que conviven en sus pueblos y cuyo aporte es indispensable para mantener la producción.

Cáritas anima a las Administraciones públicas, patronal, sindicatos y tercer sector social a trabajar en la articulación de unas propuestas a más largo plazo que tengan en cuenta los retos de integración social y construcción de ciudadanía a los que se enfrentan las zonas agrícolas.

Declaración conjunta de entidades sociales de la Unión Europea

En esta misma línea de denuncia de la vulnerabilidad que afecta a los derechos de los trabajadores del sector agroalimentario no solo en España sino en toda la Unión Europea y que se está viendo agravada por la crisis del coronavirus, el pasado 16 de abril se hacía pública una declaración conjunta de Cáritas Europa y un buen número de organizaciones y redes sociales de toda la Unión Europea, en la que apelan a la defensa los derechos de los trabajadores agrícolas, especialmente migrantes, en esta grave crisis socio-sanitaria.

Esta declaración alerta del impacto de la pandemia del coronavirus en el sector agrícola de toda la Unión y la amenaza que ello supone para garantizar el suministro de alimentos. Como señalan las entidades firmantes, a pesar de que “las instituciones de la Unión Europea y los líderes nacionales se han comprometido a garantizar que los suministros de alimentos no se verán afectados, y que ya están implementando una serie de medidas a corto plazo, las restricciones a los viajes dentro de la UE y desde terceros países significa que los trabajadores estacionales no pueden viajar”.

Advierten, en ese sentido, que la actual “escasez de mano de obra indica que la agricultura europea depende en gran medida de los trabajadores migrantes, muchos indocumentados, que constituyen una proporción significativa de aquellos que recogen nuestras frutas y verduras, así como también empaquetan y procesan nuestros alimentos. La falta de trabajadores en el campo viene a demostrar, también, que las condiciones laborales en el sector agroalimentario han sido ignoradas durante demasiado tiempo”.

“La pandemia –se subraya en la declaración— presenta para la UE la oportunidad de revisar su sistema agrícola y alimentario para que sea más ecológico y sostenible, con cadenas de suministro más justas, con precios adecuados tanto para los agricultores como para los consumidores, y con derechos laborales garantizados para los trabajadores”.

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