En el Manifiesto que con motivo de este 1ª de Mayo excepcional hace público Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), las entidades de inspiración cristiana que impulsan en España esta iniciativa (Cáritas, Conferencia Española de Religiosos CONFER, Hermandad Obrera de Acción Católica HOAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica JEC y Juventud Obrera Cristiana JOC) reclaman con urgencia la aprobación de un ingreso mínimo garantizado, el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, la regularización extraordinaria e inmediata de los trabajadores “sin papeles” y un pacto de Estado que apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente.

En este Primero de Mayo “extraordinariamente marcado por la crisis de la pandemia”, el Manifiesto reafirma “que el trabajo es para la vida, que debe garantizarse unas condiciones laborales que protejan la integridad física y psíquica de la persona, y que favorezca su protección social, esenciales para una vida digna”.

Como subrayan las entidades promotoras de ITD, “no nos cabe duda de que la crisis laboral y económica provocada por la pandemia del COVID-19 hubiera tenido un menor impacto sin la indecente precariedad laboral, ese ´virus´ que caracteriza el sistema de relaciones labores, que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias; si la sanidad y el conjunto de políticas sociales hubieran contado con los recursos que necesitan y que fueron recortados como consecuencia de la anterior crisis financiera”.

El Manifiesto pone el foco en “los empleos más precarizados, como son los de personas trabajadoras del hogar y de cuidados, de la agricultura, de establecimientos de alimentación o repartidoras, que hasta el momento han estado invisibilizados y no han tenido un justo reconocimiento laboral y social”. Se trata de unos sectores laborales que “en este momento de crisis sanitaria, se han «descubierto» como esenciales para la sostenibilidad de la vida, para garantizar el bienestar de todas las personas y que no nos falten alimentos y cuidados durante el periodo de cuarentena”. A pesar de ello, estos trabajadores y trabajadoras siguen “ejerciendo sus funciones en condiciones precarias y en la mayoría de los casos sin la protección adecuada”.

En la actual emergencia social causada por el coronavirus, “el empleo que en primer lugar se ha destruido –denuncia ITD— es el más débil, el que carece de redes de protección social”. Por ello, lanza una llamada “para que se articulen e impulsen todas las medidas necesarias evitando que esto vuelva a pasar y para construir una red de protección social para quienes han perdido empleo, salario y derechos, para que nadie se quede atrás”.

De manera concreta, las entidades impulsoras de ITD en España, demandan:

• El reconocimiento de un ingreso mínimo garantizado en un programa articulado que integre las políticas sociales en España.

• El derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, así como el reconocimiento social del trabajo de hogar y de cuidados.

• La regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y las trabajadoras “sin papeles” y descartados de los derechos de ciudadanía.

• Un pacto de Estado que, entre otras cuestiones, apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente, piedra angular sobre lo que se sostiene todo lo demás.

• El fortalecimiento del pilar de los derechos sociales en Europa.

El Manifiesto finaliza con una invitación “a las comunidades cristianas a unirnos, desde la distancia física obligatoria, desde nuestras casas, en la celebración y la oración”, y a “participar con creatividad en aquellas acciones que puedan hacer visible la necesidad de un trabajo decente acorde con la dignidad humana”.

Debacle del empleo

ITD subraya los datos más recientes de la realidad del empleo y que, en esta ocasión, muestra un panorama desolador:

– 4 millones de trabajadores afectados por un ERTE, según previsiones del Gobierno

– 3.548.312 personas desempleadas, según paro registrado a 31 de marzo de 2020.

– 1,4 millones de autónomos han cesado su actividad (solicitudes de ayuda por cese de actividad)

– 833.979 empleos destruidos

– Más de 1 millón de parados (1.004.595) no reciben ninguna prestación ni subsidio por desempleo.

Cabe destacar, además, que el grueso de la pérdida de afiliación se concentra en el régimen general (836.603 personas menos, un descenso del 5,6%), seguido a gran distancia por el régimen de autónomos (40.877 personas menos y un retroceso del 1,3%), el sistema especial del hogar (descenso de 12.060 personas, es decir, una bajada del 1,6%), el sistema especial agrario (6.418 personas menos, descenso del 1,6%) y el régimen especial del mar (pérdida de 2.863 afiliados, lo que supone una merma del 4,5%).

Asimismo, la pérdida de población afiliada por tipo de contrato desde el 12 de marzo se concentra entre la población asalariada con contrato temporal (-550.651 personas, -17,3%) frente a la población asalariada con contrato indefinido (-162.582, -1,9%).

Ha sido la extinción y no renovación de esta pléyade de contratos temporales la que, en gran medida, ha provocado la destrucción de empleo. Tanto es así que el porcentaje de caída de la afiliación en los contratos indefinidos, según datos de la Seguridad Social, es del 1,92%, mientras que el porcentaje en relación con la contratación temporal alcanza el 17,30%.