La alianza formada por cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas -Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Convive Fundación CEPAIM y Red Acoge- valoran que la aprobación del Reglamento de Extranjería por parte del Gobierno supone un avance, pero tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad. Estas cinco entidades alertaron hace ya dos años sobre la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en nuestro país y reclamaron la modificación de este documento para facilitar vías legales y seguras y evitar la irregularidad sobrevenida.

Los avances afectan fundamentalmente a los estudiantes extranjeros que tendrán la posibilidad de trabajar; a las personas que ya tiene autorizaciones de residencia y trabajo y cuya renovación se amplía a cuatro años; a quienes deseen reagrupar a sus familiares flexibilizándose los requisitos económicos; a las personas extranjeras que lleven dos años en España y que se comprometen a realizar una formación; a las que llevan tres años en España y consiguen un contrato de trabajo; y a las personas de terceros países que quieren acceder al mercado de trabajo desde país de origen a través del catálogo de puestos de difícil cobertura.

Todas estas modificaciones están orientadas a facilitar el acceso de estas personas al mercado laboral, pero continúan sin abordarse cambios normativos que garanticen la plena integración social y laboral de las personas migrantes que ya viven en España en igualdad de condiciones.

Retos pendientes

Entre los retos pendientes que se hubiera podido mejorar y abordar se encuentran la regularización de los hijos no nacidos en España, cuyos padres tengan autorización de residencia y una regulación de la reagrupación que garantice el pleno derecho a la vida familiar. También cuestiones relativas a la situación de las personas solicitantes de protección internacional o apatridia, el desarrollo reglamentario del derecho de acceso a prestaciones sociales básicas y la adopción de medidas para que las personas más vulnerables no queden excluidas de la administración electrónica.

Las cinco organizaciones firmantes consideran necesario seguir avanzando en la modificación del Reglamento de extranjería de forma dialogada y participada de manera en temas cruciales como la flexibilización de la reagrupación familiar, el acceso a los visados de búsqueda de empleo o la necesaria sinergia entre la legislación de extranjería y la legislación de asilo o el acceso a la protección social de las personas extranjeras.

En este sentido, es necesario que la política migratoria no solo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral español, sino que se aborden todos los obstáculos normativos que impiden a la población migrante su integración e incorporación a la sociedad española en igualdad de derechos.