Los datos aportados por una investigación llevada a cabo por Cáritas en 30 provincias de toda España, basada en 917 entrevistas a personas acompañadas por Caritas desvelan la existencia de múltiples vulneraciones de derechos laborales y de explotación en los sectores del temporerismo agrícola, la hostelería y los empleos del hogar.

El informe, que se ha presentado hoy en Madrid bajo el título “Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar” [DESCARGAR], confirma una situación que Cáritas conocía a través del trabajo diario con estas personas.

La investigación realizada evidencia que los tres sectores analizados, que tocan en el corazón de nuestra sociedad y la sostienen, ya que se ubican en los ámbitos de los cuidados, la producción de alimentos y la organización de nuestro ocio y tiempo libre, se caracterizan, con relación al conjunto del mercado laboral, por una mayor precariedad, mayor vulneración de los derechos y una normalización de la explotación.

El informe ha sido presentado por Hilde Daems, experta del equipo de Inclusión de Cáritas Española, y Paco Cristóbal, director del Área de Comunicación. Junto a ellos han aportado su testimonio personal dos testigos directos de las malas y buenas prácticas que tiene lugar en los ámbitos analizados: Samira El Allali, una mujer de origen marroquí que lleva a sus espaldas una larga trayectoria tanto como trabajadora del hogar como empleada en el sector de la hostelería; y Eugenio Zambrano, director financiero de la empresa agrícola Berries de los Mimbrales situada en Almonte (Huelva), productora de frutos rojos y que, dentro de un modelo de economía social, utilizada criterios éticos en la contratación de sus trabajadores.

Vulneraciones constatadas

La investigación se ha centrado en evaluar las vulneraciones de los derechos de los trabajadores en aspectos concretos, como son las condiciones económicas, el tiempo de descanso y trato laboral, y las posibles violaciones de tipo penal.

Algunas de las situaciones constadas son, por ejemplo, que el 30% cobra menos del salario que le correspondía legalmente; el 25% realiza horas extras sin remuneración; y el 50% de los temporeros cobran todo o parte del salario en dinero “negro”.

Especialmente preocupantes son las vulneraciones relacionadas con el Código Penal:

• Una de cada 20 personas ha recibido amenazas. En el sector agrícola el porcentaje es un 13%.

• Un 4% vio retenida su documentación. En el sector agrícola, el 12%.

• Un 12% reconoce haber recibido un trato humillante, que en el sector agrícola se dispara al 22,5%.

Como señalado Hilde Daems, “se ha normalizado la vulneración de los derechos laborales en estos tres sectores. Las personas que trabajan en los mismos se encuentran desprotegidas y no se sienten `legitimadas´ para acceder al Estado de derecho”. De hecho, las personas entrevistadas reconocen que “si trabajas en uno de estos tres sectores ya te puedes esperar que no te van a pagar las horas extras, tienes un salario inferior al legal y una parte lo recibes `en negro´”.

Una de cada cuatro entrevistados manifiesta que en esos trabajos se vulneraba la legalidad y que eran conscientes de ello. Solo el 5% ha denunciado esas situaciones, mientras que casi un 70% no lo hace por miedo a perder el trabajo o porque creen que la denuncia no sirve para nada.

A pesar de estos déficits, un 35% de los trabajadores en hostelería y empleos del hogar dicen estar muy satisfechas con su trayectoria laboral (entre un 9 y 10), que aumenta a un 70% cuando se declaran bastante o muy satisfechas (de 6 a 10). En el sector agrícola, sin embargo, estas cifras se limitan, respectivamente, al 12% y al 45%

La situación administrativa irregular de los trabajadores supone un factor añadido de riesgo a la hora de sufrir la vulneración de sus derechos laborales. No obstante, el informe indica que las personas que trabajan en los sectores analizados sufren vulneración de sus derechos laborales independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren.

Trata de personas y pérdida de derechos

Una situación grave es que no se identifiquen ni, por tanto, puedan perseguirse, aquellas vulneraciones laborales y otros hechos que pueden ser constitutivos de delitos penales. En este sentido, la experta de Cáritas alertó que “detrás del 22% de vulneraciones graves de naturaleza penal que se constatan en el sector agrícola hay posibles situaciones de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso”. Además, “al no ser identificadas como víctimas de un delito que supone una vulneración grave de los derechos humanos, nos impide poder ofrecer protección, asistencia, persecución y compensación de estos delitos”.

La vulneración de derechos laborales afecta a todas las facetas de la vida de estas personas: sin posibilidad de disponer de tiempo libre, carecen de capacidad para cualquier tipo de conciliación personal y familiar; con elevadas tasas de temporalidad e irregularidad salarial, está abocadas a la inestabilidad y la precariedad; y su actividad dentro de la economía irregular, les restringe el acceso a derechos y prestaciones.

Esta pérdida de derechos provoca indefensión, hasta el punto de que las personas no sean conscientes de esa explotación y lleguen a normalizarla, pensando que es un “paso necesario” para lograr un trabajo mejor o que “es el precio por vivir y trabajar en este país”.

Para Cáritas esta “normalización” de la vulneración de derechos en estos tres sectores supone el fracaso del Estado para asegurar la protección de las personas trabajadoras y la garantía de sus derechos.

Propuestas para erradicar estas situaciones

Junto a los resultados de la investigación, se han presentado una serie de propuestas para abordar las situaciones detectadas.

En el ámbito legislativo, Cáritas urge a:

1) Ratificar por parte de España el “Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011”, en virtud del cual se exige a los países que adecuen sus legislaciones para que este sector tenga garantizados todos los derechos laborales y prestaciones sociales.

2) Realizar, sin dilaciones, los cambios legislativos necesarios para incluir plenamente a los empleados y empleadas del hogar en el Régimen General de la de Seguridad Social, y, en consecuencia, tengan derecho a todas las prestaciones reconocidas al resto de trabajadores. Y promover la plena equiparación legislativa de sus derechos con el resto de trabajadores.

Con relación al sector agrícola, se propone:

– Poner en marcha las medidas que contempla el Protocolo Vinculante P029 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, que entró en vigor en España el pasado 20 de septiembre. En nuestro país no está tipificado como delito autónomo el trabajo forzoso, tampoco la esclavitud, ni la servidumbre, según la definición del Convenio contra el Trabajo Forzoso de 1930. Para ello, sería necesario modificar el Código Penal para tipificar de manera autónoma el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, diferenciándolos de la explotación laboral.

– Revisar la disparidad en los convenios provinciales que regulen el sector y que no ayuda en que las personas temporeras conozcan sus derechos y puedan conocerlos. Hace falta una reflexión seria con todos los agentes para revisar esta disparidad, poner mínimos más justos y para asegurar que se cumple por lo menos lo establecido legalmente. Es fundamental el papel de la Inspección de Trabajo.

Asimismo y con relación a los tres sectores, la actual Ley de Extranjería impide el ingreso al mercado laboral de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, lo que los aboca al “empleo sumergido” –sin contrato—, con todo tipo de abusos y vulneraciones.

Por otro lado, la dificultad en la renovación de las autorizaciones de trabajo provoca que un número significativo de personas extranjeras caigan en situación de irregularidad sobrevenida, siendo arrojadas de nuevo a la economía sumergida y teniendo que comenzar de cero para volver a la regularidad, con los costes que implica tanto para el trabajador como para el empresario.

Además, la normativa de extranjería contempla un régimen sancionador muy rígido que provoca dificultad en la movilidad territorial y funcional, y que trabajar en el mercado sumergido se considere una infracción grave para el trabajador y muy grave para el empleador, por lo que esta actividad se vuelve más oculta y fuente de mayor vulnerabilidad.

Cáritas incide, por ello, en la necesidad de evitar la irregularidad sobrevenida, flexibilizando el sistema de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo, y desvinculando dicho permiso con el territorio o la actividad que la persona pueda desarrollar. Esto contribuiría a reducir la bolsa de empleo sumergido y facilitaría que los empleadores acudieran a la contratación regular, además de permitir que los trabajadores pudieran acceder a formación y búsqueda de empleo sin caer en la vulnerabilidad y la exclusión.

Por último, sería positivo replantearse el acceso a autorizaciones de residencia de personas que ya están en nuestro territorio, pero en situación irregular, y que durante un largo espacio de tiempo están abocadas a acudir a la economía informal para sobrevivir.

Además, es urgente impulsar una Ley Integral para todas las formas de trata que incluya y establezca mecanismos adecuados para la protección, recuperación y restauración de las víctimas.

Compromiso con el Trabajo Decente

En su intervención, Paco Cristóbal señaló que “en Cáritas nos tomamos muy en serio la vulneración de los derechos laborales y nos comprometemos con su erradicación y su prevención. Para ello, abogamos desde hace años por un marco de Trabajo Decente para todos dentro de la iniciativa que venimos impulsado en coordinación con otras organizaciones de Iglesia”.

Y, por otro lado, añadió, “el modelo que nos orienta y por el que apostamos es el la de economía solidaria y social al servicio de los derechos humanos y que prioriza el cuidado del planeta. Esta es una realidad visible, que se apoya en proyectos repartidos por todo el Estado, donde se pone a las personas en el centro de la actividad económica y se facilita su acceso a un trabajo digno”.