Hoy celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas,  y Cáritas pone el foco en el escenario de seria amenaza que se dibuja actualmente en la Amazonía, uno de los territorios donde la organización viene impulsando en las últimas décadas –dentro de la acción desarrollada por la REPAM (Red Eclesial Panamazónica)— un intenso trabajo de cooperación fraterna y de protección de los derechos humanos de sus poblaciones.

A la situación extremadamente vulnerable de los pueblos que habitan la región, la irrupción de la COVID-19 no ha hecho sino exacerbar las crisis preexistentes. Tal y como recoge el Mapa de Casos Confirmados por COVID-19 en Amazonía, a finales de julio los contagios en territorio amazónico ascendían a 677.719, con 19.917 fallecimientos.

Derechos amenazados

Cabe señalar que gran parte de los pueblos indígenas habita regiones remotas y de difícil acceso, una cuestión que ya antes de la pandemia limitaba en gran medida, de manera permanente y estructural, la garantía y disfrute de derechos básicos, como el acceso al agua, a la salud o una alimentación suficiente y equilibrada.

Asimismo, sigue estando seriamente comprometido el derecho colectivo al territorio de estas poblaciones, lo que provoca que las comunidades y sus medios de vida se vean acosados sin cesar por la presión de empresas extractivas o agroindustrias, cuya actividad contribuye al sostenimiento de un modelo de desarrollo no sostenible, basado en la expoliación de los recursos naturales con el consentimiento de los Estados o la desidia de los mismos frente a ocupaciones ilegales.

Como señala Ana Cristina García Morales, coordinadora de América Latina y Caribe de Cáritas Española, “las desigualdades y la discriminación a todos los niveles, desde las relaciones sociales cotidianas hasta lo más estructural, apoyado en políticas de Estado, han creado el escenario perfecto para que los pueblos indígenas se encuentren en uno de los momentos más extremos, vulnerables y peligrosos de la historia para su supervivencia y, por tanto, para nuestra propia supervivencia y la del planeta”.

¿Estamos ante un etnocidio?

Hace pocas semanas, un grupo de organizaciones internacionales miembro de la REPAM conocieron de primera mano los testimonios de varios representantes de pueblos indígenas, que expusieron la imposición de diversas medidas de confinamiento frente a la COVID-19, que no tenían en cuenta la forma de vida de sus pueblos y que, en muchos casos, los condenaban, si no al contagio, sí a morir de hambre o los abocaban a la imposibilidad de acceder al agua o la salud, o incluso a la ocupación silenciosa de sus territorios. Y describían la situación actual como un etnocidio.

Así lo confirmaba Gregorio Díaz Mirabal, representante de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), al señalar que “en este momento hay mucho dolor, mucha rabia, pero también hay mucha esperanza. Una vez más, sentimos que esta crisis estructural de la vida, del poder, de las empresas, del egoísmo, de la injusticia, desnuda una vez más el abandono histórico de los pueblos indígenas”.

Desde el pasado mes de marzo, en distintos encuentros virtuales, foros y conversaciones formales e informales con representantes de las comunidades amazónicas en las que Cáritas viene participando, se repiten como una constante cuatro cuestiones que están comprometiendo la supervivencia de pueblos indígenas tanto contactados como aquellos llamados pueblos libres (Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario). Son las siguientes:

1. Ausencia del Estado

Los Gobiernos de los países amazónicos están atendiendo la pandemia con niveles muy limitados de acceso, lo que empuja de manera inevitable al final de la cola a las poblaciones indígenas, por minoritarias y por la lejanía y la ausencia de servicios básicos conforme aumenta la distancia respecto a los grandes núcleos urbanos.

Esto hace que el acceso a la salud se vea seriamente comprometido y las medidas de protección de estos pueblos no se piensen más allá del confinamiento.

La distribución de agua segura, de productos básicos y de materiales de protección es anecdótica y es son las organizaciones de cooperación internacional las que están dotando a estos pueblos de medidas de protección que, en cualquier caso, son paliativas e insuficientes mientras no haya una respuesta estructural desde los respectivos Gobiernos.

El deficiente registro de los casos no refleja la realidad de la extensión de la pandemia, aunque desde la REPAM se está realizando un esfuerzo para dar seguimiento a las cifras, que confirman que el impacto en los territorios es mucho mayor del declarado oficialmente.

2. Falta de coordinación con las plataformas indígenas para consensuar las medidas de protección y confinamiento

A título individual y a través de redes panamazónicas, los pueblos indígenas amazónicos reclaman un diálogo horizontal con las autoridades para implantar medidas que respondan a sus medios de vida y formas de relacionarse con su entorno.

Las medidas impuestas en lugares donde la caza y la pesca son los únicos medios de subsistencia no son válidas. si a esto se suma la prohibición de transitar por los ríos para ir en busca de víveres, se condena a las poblaciones a la muerte.

3. Avance sin freno de las industrias extractivas y agroindustria

A pesar de que las poblaciones han estado confinadas, el avance de la deforestación y demás actividades extractivas legales e ilegales lejos de haberse detenido, ha aumentado en los últimos meses. En Brasil, la tasa de deforestación empezó mucho antes de la pandemia: entre marzo de 2019 y marzo de 2020, la Amazonía brasileña perdió más de 9.000 km2 de cubierta forestal. Según el Instituto Brasileño de Investigación Espacial (INPE), la pérdida forestal en abril aumentó un 64 % con relación al mismo periodo de 2019.

Las medidas de Gobiernos como el boliviano y el brasileño para facilitar el modelo de desarrollo basado en las actividades extractivas y la agroindustria han propiciado que durante el periodo de confinamiento se avance sin freno en territorio amazónico, sin resistencia por parte de los pueblos y sin cobertura por parte de los medios de comunicación, centrados únicamente en la crisis sanitaria. En este momento, pueblos incluso en aislamiento voluntario tienen explotaciones extractivas cercanas que podrían generar un etnocidio. Por no hablar de lo que esto supone también para el ecosistema, tan importante en la regulación de la zoonosis. Más que nunca, estamos inmersos en una crisis socio-ambiental.

Este tema está también muy relacionado con la deuda externa de los países, que todo hace temer que pretenda paliarse a base de la explotación minera y maderera, y mediante concesiones a empresas de la industria de la agroexplotación.

Además de la “extracción legal”, debido a la pérdida de medios de vida por el coronavirus se ha producido un aumento de la extracción ilegal —como los garimpeiros, extractores de oro ilegales o tradicionales en Brasil—, que están siendo un vector de contagio muy alto en los pueblos indígenas, así como de aumento de casos de trata de personas.

4. Militarización y control del territorio

Toda esta situación está comprometiendo seriamente los derechos civiles y políticos de las poblaciones amazónicas, teniendo en cuenta que los defensores de derechos humanos están más amenazados que nunca, al tener limitado el movimiento y, por tanto, la capacidad de denuncia. Sin ir más lejos, la entrada en territorios protegidos con la pantalla del «Estado de Alarma» amenaza derechos ya estipulados como el derecho al territorio.

Ante esta realidad de grave desprotección, los pueblos indígenas lanzan varias solicitudes.

La más inmediata ha sido la de disponer de medios para paliar los efectos de la pandemia a través de programas de ayuda humanitaria, que cada día es más necesaria.

Junto a ello, reclaman apoyo en la difusión de sus denuncias para romper su situación de invisibilidad y aislamiento, y poder enfrentarse a una situación que supera sus fronteras y capacidades.

Las comunidades amazónicas apelan también a las responsabilidades de los Estados de los “países desarrollados” a la hora de apoyar estrategias de incidencia política que permitan poner fin a la vulneración de derechos humanos.

“En definitiva –afirma Ana Cristina García—, los pueblos indígenas nos piden una mirada global y de largo aliento, ya que el problema no solo está en su selva, sino también en esta otra selva, como ellos llaman a los países desarrollados”. “El modelo de desarrollo ya no aguanta; los pueblos indígenas, de seguir así, ya no aguantan; el planeta no aguanta. El momento del cambio es ahora. Y urge tomar medidas tanto individuales como colectivas ya”, añade.