La celebración del Día Europeo contra la Trata de Personas supone una nueva oportunidad para seguir denunciando la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de este delito y reclamar medidas urgentes que permitan su identificación y garanticen su protección.

La dimensión mundial y transnacional de la trata de personas quedan reflejadas en el Informe Global de Trata de Personas 2020 de Naciones Unidas, donde se señala que en 2018 se detectaron y denunciaron unas 50.000 víctimas de trata en 148 países.

No obstante, dada la naturaleza encubierta del delito y basándonos en la experiencia de Cáritas en la lucha contra esta lacra y la protección de sus víctimas, el número real es mucho mayor. Además, cabe tener en cuenta, como señala dicho informe, que la situación de vulnerabilidad de las personas víctimas de trata se han agravado en el último año como consecuencia de la pandemia sanitaria provocada por la Covid-19.

Naciones Unidas indica que el 50% de las víctimas de trata detectadas lo fueron con fines de explotación sexual, el 38% con fines de trabajo forzoso, el 6% fueron sometidas a actividades delictivas forzadas, el 1% a la mendicidad forzada y un número menor, a contraer matrimonios forzados, extracción de órganos y otros fines. La trata tiene, además, una importante dimensión de género, dado que las mujeres y las niñas son el 65% de las víctimas identificadas, en su inmensa mayoría con fines de explotación sexual.

La presencia de Cáritas en este ámbito de grave exclusión social es una apuesta significativa dentro nuestra misión de acompañamiento a las víctimas de grave exclusión social, tanto a través de respuestas directas de intervención con las mujeres como de acciones dirigidas a aumentar la conciencia social y la corresponsabilidad personal, comunitaria y pública sobre esta lacra.

3.202 mujeres acompañadas por Cáritas

La Confederación Cáritas en España cuenta con un servicio específico de atención a mujeres en contextos de prostitución y a víctimas de trata con fines de explotación sexual que desarrolla diferentes proyectos en todo el territorio nacional. Esta respuesta se complementa con programas de acompañamiento específicos en el sector agrícola. En 2020, Cáritas ha acompañado a 3.202 mujeres en contextos de prostitución. De ellas, 1.724 han sido atendidas en los centros de atención y 1.511 han sido contactadas a través de las visitas a pisos, clubs, asentamientos, calle, etc.

Del total de mujeres apoyadas, en el 27% de los casos se ha detectado una situación de explotación sexual (927 mujeres) y en lo que se refiere a mujeres con indicios de trata con fines de explotación sexual, el número asciende a 275 mujeres (8% de las mujeres acompañadas).

Si tenemos en cuenta los datos de identificación formal realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el porcentaje es mucho menor (58 mujeres). Es decir, solo el 1,7 % de las mujeres acompañadas por Cáritas han sido identificadas formalmente, frente al 8% en las que Cáritas encuentra indicios. Esto revela la urgencia de acometer un análisis y puesta en marcha de nuevos mecanismos de identificación de las víctimas de trata.

Situaciones detectadas por Cáritas

Durante el acompañamiento a mujeres con indicios de trata con fines de explotación sexual, Cáritas detecta las siguientes situaciones:

– La mayoría están o estaban ejerciendo prostitución.

– Hablan de su proceso migratorio y la movilidad que viven en este país y en otros países, pagando deudas camufladas en forma de honorarios por el transporte o préstamos, y afrontando precios excesivos por alojamiento, comida o vestimenta.

– La mayoría residen de forma continua en su lugar de trabajo, sin establecer otro tipo de relaciones, ni poder conocer su entorno más cercano, lo que las hace aislarse y perder el ritmo social.

– Se encuentran dentro de un sistema de plazas que garantiza la movilidad constante, y evita la creación de vínculos y el conocimiento de los recursos disponibles.

– Pernoctan en los lugares donde ejercen, por lo que están a disposición de la llegada de demandantes en cualquier horario, y expuestas a prácticas de riesgo.

– En la mayoría de los casos se ha constatado desorden psicológico y situaciones de estrés postraumático.

– Cuentan con escasa formación que les facilite su acceso al mercado laboral. Además, la situación administrativa irregular en la que se encuentran provoca que la gran mayoría no tengan acceso a procesos oficiales de educación y formación, o incluso a cursos o talleres de cualificación, que podrían mejor sus oportunidades de empleo. A ello se suma la dificultad en habilidades sociales y una baja autoestima.

De ahí la importancia de abordar el acompañamiento a las víctimas desde una perspectiva integral y de afianzar los modelos de detección de necesidades de las mujeres.

Este cóctel de situaciones, sumado a la situación administrativa irregular de muchas de ellas, origina una grave vulneración de derechos, como, por ejemplo:

– Falta de acceso al mundo laboral, con la consecuente vinculación a continuar ejerciendo la prostitución.

– Carencia de acceso a la salud.

– Dificultad de acceso a vivienda por carecer de nóminas o ingresos económicos reconocidos por el sistema de la Seguridad Social, lo que las obliga a depender única y exclusivamente de residencia en locales o clubs.

Un aspecto preocupante que sigue en aumento es el ejercicio de la prostitución en pisos, menos accesible a las entidades sociales, lo cual dificulta el trabajo. De hecho, el cierre de los clubs en momentos de confinamiento ha incrementado en 2020 el desplazamiento de las mujeres a los pisos.

Otro riesgo grave que afrontan estas mujeres está relacionado con los medios digitales. Un grupo de expertos en derechos humanos advirtió el pasado año que los traficantes de mujeres y niñas no limitan su actividad de captación a los medios convencionales, sino que recurren también a las herramientas digitales. A esto se suma el aumento del ejercicio de la prostitución a través de medios digitales, lo que dificulta la identificación de las víctimas de este delito.

Asimismo, sigue preocupando la lentitud del procedimiento penal y administrativo en éstos procesos, lo que entra en claro conflicto con las necesidades de las mujeres, y su proceso de reconstrucción de su vida.

Desde Cáritas recordamos, en esta jornada, la alerta lanzada en 2021 por el Papa Francisco con motivo de la Jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas, en la que reclamaba una economía sin trata, “con reglas de mercado que promueven la justicia y nos los intereses particulares exclusivos”, una economía del cuidado, que ponga a la persona en el centro.

Por ello, instamos a las Administraciones públicas europeas y españolas a poner en marcha acciones concretas que garanticen la identificación y protección de las víctimas de este delito desde un enfoque de derechos humanos y género, encaminadas a erradicar esta lacra que continúa azotando cada rincón del planeta.