Bajo el título “Sociedad expulsada y derecho a ingresos”, Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), presentaron la semana pasada en Madrid el informe Análisis y Perspectivas 2021 donde se analiza cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión social en España.

Los datos presentados por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios, alertan de que el panorama que la vasta crisis provocada por la pandemia está dejando un impacto muy preocupante, con una profunda huella de importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias.

Según el avance de resultados de la encuesta FOESSA 2021 (realizada a más de 7.000 hogares de todas las Comunidades Autónomas) que se incluye en el informe, en 2021, año y medio después del estallido de la pandemia, son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España. Esto revela un ensanchamiento del espacio de la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018, fecha de la anterior encuesta.

Se registra, asimismo, un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: la integración plena en 2021 —es decir, hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión— es disfrutada por solo 4 de cada 10 hogares de España (el 42%). Esto marca un descenso de más de 7 puntos respecto del año 2018 (donde el porcentaje era del 49%).

“Una primera conclusión –señala Thomas Ubrich— sería que se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social, una fuga imparable hacia una sociedad más desigual donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos”.

Los datos de FOESSA “vienen a constatar lo que a lo largo de los últimos meses se ha venido comprobado a través de la acción social de Cáritas: que la pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social, ni tenían ya el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008”.

Otra de las alertas del informe es que, por primera vez desde 2007 las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los grandes damnificados por la COVID-19, con un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018.

Perfiles más afectados por el virus social

Aunque el aumento de la exclusión se ha dado de forma generalizada en el conjunto de la población, en “Análisis y Perspectivas 2021” se identifican los grupos y colectivos sobre los que la crisis ha tenido mayor impacto.

Es el caso de un grupo tradicionalmente afectado, el de las familias con niños, niñas y adolescentes en su seno. Las dificultades que entraña la crianza, y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a cargo, incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares, que es del 27% de parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos. Esta incidencia es mucho más acusada si se trata de una familia numerosa (47%) o de un hogar monoparental (49%), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer.

Por otra parte, el país de origen es otro de los condicionantes que pueden ser determinantes. La pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha convertido en crónica su obvia posición de desventaja. Esto se evidencia en una clara sobrerrepresentación de este grupo en el espacio de la exclusión (38%), aún más marcada en el de la exclusión severa (65%).

Nuevos factores de exclusión social

La pandemia ha incrementado los niveles de exclusión en el conjunto de la población y lo hace en todas las dimensiones de exclusión analizadas por FOESSA: empleo, consumo, salud, educación, política, vivienda, conflicto social y aislamiento social.

Los efectos son especialmente intensos en dos aspectos estructurales en nuestra sociedad, como derechos vulnerados de manera sistemática para un gran número de personas, independientemente de que el contexto económico sea de crecimiento o de crisis: el empleo y la vivienda.

El 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo, debido a las situaciones de desempleo, pero también por la realidad de un mercado laboral cada vez más precarizado y donde obtener un trabajo digno es cada vez más difícil, lo que conllevan una realidad de ingresos bajos e insuficientes. Esta precariedad salarial afecta en particular a la hora de garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y suministros, y que afecta al 24% de hogares españoles.

El empleo no asegura la integración social. La diferencia entre tener o no tener un empleo es definitiva. Con respecto a 2018, prácticamente se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9% a 10,3%) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa, en inestabilidad laboral grave, pasando del 4,8% al 10,3%.

Vivienda, energía, agua e internet son derechos humanos sistemáticamente vulnerados. Sigue aumentando el número de familias para quienes los gastos de la vivienda suponen tal carga que, una vez realizados estos, se quedan en situación de pobreza. Esta realidad afecta a día de hoy al 14% de los hogares.

Aumento de la pobreza severa y erosión de las relaciones sociales

Asimismo, la dimensión del empleo y de la vivienda se vinculan de manera innegable con la exclusión del consumo, que se ha disparado notablemente, al pasar del 14,5% en 2018 al 17,6% en 2021, lo que supone un alza del 21%.

La estrecha relación entre dificultades con el empleo y exclusión en el consumo se hace patente al comprobar que, para el conjunto de hogares afectados por la exclusión en el empleo, la pobreza severa se eleva hasta el 30%, que triplica el nivel de afectación del conjunto de la sociedad.

Por otro lado, si en el anterior informe FOESSA las buenas relaciones existentes entre las personas dentro del hogar y con su entorno social más cercano era una noticia esperanzadora esta crisis lo cambia todo. Un aspecto diferencial es que la pandemia sí está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares, al duplicarse el número de estos cuyo clima de convivencia muestra dificultades serias.

El conflicto social, la dimensión que mide la calidad de las relaciones dentro de los hogares, ha pasado de afectar a un 5% de los hogares en 2018 a casi un 10% en 2021. Esta dimensión es la que, porcentualmente, más ha aumentado en cuanto al nivel de afectación para el conjunto de la población.

Brecha digital

El informe identifica también un nuevo motor de exclusión social y desigualdad, la brecha digital.

No disponer de conexión suficiente ni de un dispositivo conectado y de habilidades para manejarse en el entorno digital están marcando fuertemente la diferencia en una sociedad cada vez más digitalizada: supone una pérdida de oportunidades en ámbitos como el empleo, la educación, las ayudas públicas o las propias relaciones sociales.

Esta es una realidad que afecta a un 46% de los hogares en situación de exclusión frente al 35% del conjunto de hogares.

Necesidad de un adecuado sistema de protección social

“Análisis y Perspectivas 2021” dedica un capítulo específico a analizar las debilidades de nuestro modelo de protección social, poniendo un foco especial en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El informe señala cómo en su configuración y normativa actual esta Ingreso ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes.

Un primer obstáculo se produce antes siquiera de llegar a iniciar los trámites para solicitarla. Algo más de un año después de su aprobación, un altísimo porcentaje de los hogares en situación de pobreza severa no cuenta todavía con suficiente información para su solicitud o tramitación.

Sólo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud, y, en consecuencia, sólo un 26% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el mismo. Es decir, más de dos tercios de estos hogares (el 68%) no lo han solicitado a pesar de sus escasos o nulos ingresos.

En definitiva, solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa está cobrando el IMV o, al menos, lo tiene concedido. Y a casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%), le ha sido denegado.

Los retos que tenemos como sociedad

La última parte del informe plantea una serie de retos para incidir en los desajustes estructurales de nuestro modelo de desarrollo social y en una salida de la crisis para todos que no deje realmente a nadie atrás. Estos retos serían:

1. Devolver su dignidad al trabajo para crear empleo decente: Potenciar un mercado de trabajo y un modelo productivo que favorezcan la creación de empleo capaz de garantizar el derecho a un trabajo decente y estable, y con condiciones dignas.

2. Necesidad urgente de políticas públicas suficientes y de un sistema público de provisión de vivienda más garantista de nuestros derechos.

3. La brecha digital se ha convertido en un motor de exclusión social. Es primordial impulsar medidas y estrategias que garanticen el acceso al derecho a una conexión a internet de buena calidad, a tener dispositivos que permitan esa conexión y el derecho a adquirir competencias o habilidades para desenvolvernos en ese mundo.

4. La pobreza y exclusión social siguen golpeando con más fuerza a la población menor de 18 años en España. El déficit en inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son retos prioritarios en la construcción de una solidaridad intergeneracional efectiva.

5. La población de origen inmigrante se aleja un poco más de la inclusión social: Urgen políticas sólidas de equidad y solidaridad para esta población que se encuentra segregada, que ocupa los niveles sociales más desfavorecidos y afronta graves dificultades en empleo, vivienda y pobreza.

6. Esta crisis también ha sido mental. El estrés, la ansiedad o la fatiga vital no pueden abordarse solo desde una perspectiva individual, sino que es esencial considerar el entorno social y los factores contextuales que afectan nuestra salud mental. Nuestro sistema público de salud debe integrar una perspectiva de salud mental colectiva y comunitaria.

7. Es necesario consolidar un sistema de garantía de rentas que proteja. El IMV debe seguir mejorando en términos de cobertura y protección para ser un sostén económico efectivo y sostenible para las familias que necesitan de estos ingresos.

Construir un verdadero “escudo social”

En su intervención, la secretaria general de Cáritas alertó que “cuando miramos los datos que nos ofrece la realidad social y de la acción Social de Caritas, observamos que sí se está quedando mucha gente atrás”.

De ahí la urgencia –añadió Natalia Peiro— de seguir avanzando y ampliar el alcance de estas medidas iniciales para que el objetivo de construir ese ´escudo social´ se logre y que proteja realmente a la ciudadanía y las familias más desprotegidas”. “No podemos permitir que esta nueva crisis ahonde aún más la desvinculación de un porcentaje importante de la población y la expulse de la sociedad”, afirmó.

Recordó, a ese respecto, cómo los datos “de la realidad que observamos también en nuestra acción social y a través de los testimonios de las personas y familias acompañadas por la Confederación de Cáritas Española en todo el territorio constatan el aumento de personas que siguen demandando ayudas de emergencia debido a la pandemia”.

Según los datos de la última Memoria anual, la Confederación Cáritas en España invirtió en 2020 más de 386 millones de euros en sus distintos programas sociales (unos 50 millones más que en 2019) para apoyar a 2,8 millones de personas en todo el mundo (1,77 millones en nuestro país) con problemas crecientes de precariedad y exclusión social.

 

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