Cáritas Española aplaude el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 1 de febrero por el que el Gobierno dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea revisada y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Carta.

Se trata de una reclamación reiteradamente expuesta en los últimos años a los responsables políticos por nuestra organización y otras entidades del sector social de España, dada la importancia clave de la Carta Social Europea como herramienta fundamental de protección de la dignidad y de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Consejo de Europa.

Grave exclusión del Protocolo

A pesar de la buena noticia que supone esta decisión, Cáritas lamenta que haya quedado fuera de la misma la ratificación del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995, un instrumento clave de la Carta. Esta omisión es especialmente grave si se tiene en cuenta que en el acuerdo del Consejo de Ministros se dice textualmente que “añade la posibilidad de suscribir el Protocolo adicional (nº3) de 1995 de reclamaciones colectivas, independiente de la firma de la Carta revisada y que España no ratificará en el presente procedimiento”.

Al dejar fuera el citado Protocolo del procedimiento parlamentario que ahora se inicia, la ratificación de la Carta Social Europea revisada se convierte en papel mojado al restar visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos consagrados en la misma. Para los expertos, el Protocolo rubrica por parte del Estado firmante su apuesta inequívoca por la protección de los derechos y la garantía de su cumplimiento, además de añadir ventajas adicionales que inciden directamente en cuestiones relativas, entre otras, a la economía procesal, a su celeridad y al fortalecimiento del papel de los agentes y colectivos sociales.

En la actualidad, este Protocolo se puede utilizar en 15 países europeos, entre los que se incluyen nuestros vecinos Portugal, Francia o Italia.

Apelación a las Cortes Generales

La puesta en marcha del procedimiento parlamentario para la ratificación de la Carta Social Europea revisada puede corregir el Acuerdo del Gobierno que excluye la ratificación del Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995. Existe aún la posibilidad de someterse al mismo a través de la realización de la aludida manifestación ad hoc (la declaración prevista en el art. D.2 de la parte IV de la propia Carta revisada) en el momento de la ratificación por parte de las Cortes Generales.

Cáritas vuelve a solicitar al Gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas que demuestren su compromiso real por los derechos sociales con el instrumento más eficaz que los garantiza.

Recordamos que el acuerdo del Consejo de Ministros es consecuencia de la interpelación urgente votada de manera unánime por todos los grupos parlamentarios por la que se instaba al Gobierno a ratificar la Carta revisada y el Protocolo de reclamaciones colectivas. Esas mismas Cortes Generales tiene ahora en sus manos la decisión de que la ratificación sea auténticamente plena y España pueda dar un paso de gigante en la erradicación de la pobreza y la exclusión, y garantizar el acceso a los derechos humanos de los ciudadanos en mayor vulnerabilidad social.