Cáritas secunda en toda España la intensa agenda de movilizaciones que la Alianza Española Contra la Pobreza y Pobreza Cero convocan en el marco de la Semana contra la Pobreza bajo el lema “No dejemos a nadie atrás ¡Exigimos soluciones basadas en derechos!”.

Del 14 al 21 de octubre, ciudades y plazas de todo el país acogerán actos y marchas que se celebrarán, como cada año en torno al 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Con ese motivo, las entidades sociales lanzan a toda la ciudadanía una invitación para que se movilice y demande conjuntamente que se acabe con un modelo de crecimiento que empobrece dentro y fuera de España.

“Hemos visto en las últimas décadas –señalan los organizadores– una transferencia masiva de poder desde el sector público a los intereses privados, un impulso a la liberalización económica y financiera, una creciente desigualdad, pobreza y destrucción del medio ambiente producto de políticas centradas en los intereses de una minoría”.

Por ello, este año, se pone el acento en los efectos negativos de procesos como el TTIP, el CETA y el TiSA, que, como subrayan los convocantes, “son intentos de profundizar y hacer irreversibles estos procesos de desposesión”.

¿Qué queremos?

Las entidades que participan en los actos de la Semana contra la Pobreza centra sus reivindicaciones en cuatro apartados:

• Soluciones basadas en derechos y justicia para atajar las desigualdades y frenar el incremento de la pobreza, de las desigualdades y el deterioro medioambiental en cualquier lugar del planeta.
• Políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la protección medioambiental en todo el planeta.  No se trata sólo de aumentar la cantidad de presupuesto sino también la calidad de las políticas
• Rechazo a los tratados comerciales como el CETA, el TiSA, o el TTIP que, negociados a espaldas de la ciudadanía, amenazan la democracia, multiplican el poder de las multinacionales y limitan los derechos de la ciudadanía y la protección del medioambiente.
• Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que sostengan las políticas sociales y medioambientales. Demandamos la transición hacia un modelo energético sostenible, y el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales.