Con las heridas de la pandemia aún abiertas, los hogares en España afrontan ahora una nueva crisis, esta vez de tipo inflacionaria, derivada principalmente de la guerra en Ucrania. El conjunto de la sociedad se está viendo afectada por el encarecimiento del coste de la vida. Los recibos aumentan y cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas.

Frente a este nuevo contratiempo, tres de cada diez hogares en España (31,5%) no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas. Así se desprende del informe “El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo”, presentado este jueves por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Thomas Ubrich, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA.

Para llegar a esta conclusión, el estudio propone la construcción del Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD). Se trata de un sistema de medición complementario, que permite abordar la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles, sino que los asocia a las necesidades básicas de los hogares.

“El PRCVD establece el presupuesto mínimo que necesita una familia para vivir con dignidad en un contexto concreto. La intención es adaptar dicho presupuesto a las características específicas de cada tipo de hogar, de forma que la pobreza no se defina de manera abstracta, atendiendo únicamente a los ingresos, sino de una forma concreta, en relación con las necesidades de los hogares”, precisó Ubrich.

Este indicador -sobre el que la UE también está trabajando con el objetivo de definir una metodología común de medición en los estados miembros- contempla no solo el acceso a los alimentos, sino también otros bienes necesarios tales como la vivienda, su equipamiento o suministros (energía o internet). Además, toma en cuenta el acceso a derechos como la educación, el ocio, los gastos sanitarios o la atención a las situaciones de dependencia. En resumen, el presupuesto resultante es la suma de ocho partidas de gastos necesarios para que cualquier hogar pueda vivir en condiciones de vida dignas.

A partir de esta aproximación a las necesidades reales de los hogares, el estudio advierte que el 31,5% de los hogares en España (seis millones de familias) tienen unos ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir en condiciones de vida dignas – es decir que viven con ingresos inferiores al 85% de su presupuesto de referencia-. Ese porcentaje es superior a la tasa de pobreza relativa (20,7%) y a la tasa AROPE (25,3%), calculadas por el INE para el año 2019.

Menores a cargo y lugar de residencia

La metodología señala como asfixiante la realidad de los hogares que cuentan con menos del 85% del presupuesto de referencia. Se trata de hogares con graves dificultades, cuyo presupuesto varía muy sensiblemente según la presencia de menores y adolescentes en el hogar, así como por la ciudad de residencia. Así, en el caso de un hogar unipersonal en Barcelona, supone vivir con menos de 1.400 euros mensuales frente a casi 1.000 euros en la ciudad de Cáceres. Para un hogar de una pareja con dos jóvenes mayores de 13 años en Madrid, el 85% del presupuesto de referencia implica no llegar a los 2.900 euros mensuales frente a los 2.400 euros en el caso de Orense. Para un hogar monoparental con dos niños menores de 12 años de edad supone vivir con menos de 2.200 euros en San Sebastián y cerca de 1.300 euros en Ciudad Real.

“Los hogares con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas se encuentran, sobre todo, entre los que viven en alquiler, hogares con presencia de niños y niñas en edad de estudiar, personas con discapacidad o situación de dependencia, la existencia de deudas, la ausencia de ingresos estables y el desempleo de alguno o todos los miembros activos del hogar. Es crucial, además, considerar la brecha de género y el conjunto de dificultades añadidas que soportan los hogares encabezados por una mujer sola con la responsabilidad exclusiva de la crianza de los niños”, puntualizó Ubrich.

Las partidas de gastos esenciales –vivienda, alimentación y transporte–, que son los capítulos del gasto a los que las familias están dedicando la mayor parte de sus ingresos, son precisamente los que están soportando el mayor incremento de los precios. Así la inflación correspondiente a los gastos en vivienda y suministros (agua, luz, gas) alcanzaba en junio de 2022 el 19%, al igual que la partida de transporte. Por su parte, el crecimiento de los precios de la alimentación superaba el 13%.

Más de 80 de cada 100 euros

La inflación constante de los últimos meses y la acusada incidencia de la misma en estos tres grupos de gastos está dibujando un escenario especialmente preocupante para las familias con menos recursos.

Si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales destinaban a estas tres partidas 61 euros de cada cien euros que ingresaban, al terminar el año estarán dedicando 80 de cada cien. Las familias en peor situación -con ingresos menores a los 1.000 euros- que antes de la crisis se veían obligados a dedicar casi el 70% de esa cantidad exclusivamente a vivienda y alimentación, al finalizar el año superarán los 80 euros de cada 100.

“La incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, la evolución de los costes energéticos y las cifras de inflación observadas en los últimos meses han incrementado aún más el riesgo de enquistamiento o cronificación de estas situaciones de exclusión social”, advirtió la secretaria general de Cáritas Española.

Estrategias de las familias más vulnerables para sobrevivir

Al igual que en los primeros años de la Gran Recesión y la crisis económica asociada a la Covid-19, las familias, cuyo “colchón” es pequeño o inexistente tratan de afrontar la falta o la pérdida de capacidad económica del hogar a través de varias estrategias para sortear sus dificultades económicas.

Siete de cada diez hogares vulnerables han renunciado o han reducido sus gastos en ropa y calzado y casi la mitad han recortado el presupuesto familiar en alimentación (3 millones de hogares), hasta el punto de que una cuarta parte de ellos no puede llevar la dieta especial que necesita por cuestiones médicas o que el 18% de hogares con niños ha dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo (casi medio millón de hogares con niños a cargo).

La luz o el gas son gastos ineludibles, sobre todo, si el hogar integra menores de edad o personas dependientes. No obstante, seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción, y un 22% ha pedido ayudas para pagar sus suministros.

Pese a los riesgos evidentes para la salud, una tercera parte de los hogares con graves dificultades, renunció a tener un accesorio sociosanitario que necesitaba (prótesis, gafas, audífonos), y el 14% dejó de comprar algún medicamento por cuestiones económicas.

“Es incuestionable que estas estrategias no son inocuas en la vida de las personas y familias que las tienen que activar. No son decisiones, sino imposiciones marcadas por la privación, estrategias de supervivencia con consecuencias negativas directas”, indicó Ubrich.

Algunas propuestas

La crisis del Covid-19 dejó una profunda huella que ahora se ve agravada por la escalada de la inflación. “Tenemos una nueva oportunidad de actuar con medidas urgentes sobre las consecuencias, pero también sobre las causas estructurales de una realidad que perjudica siempre con más fuerza a los mismos. De nuevo desde FOESSA y Cáritas apelamos a más justicia social y a trabajar por el bien común empezando por los sectores más vulnerables de la sociedad”, subrayó la secretaria general.

Frente a esta situación, Cáritas Española considera necesario que las políticas públicas aborden la pobreza y la desigualdad desde una doble perspectiva: rescatando a las familias que más están sufriendo, pero también perfeccionando el sistema de protección social a largo plazo.

“Parece claro que las políticas sociales han de complementar los ingresos de los hogares cuando estos no son suficientes, facilitar el acceso a puestos de trabajo estables y de calidad de modo que se evite la precariedad laboral, y promover el acceso a una vivienda digna y adecuada, mediante una política pública de vivienda. También las políticas de inversión en sanidad, educación y atención a la dependencia resultan fundamentales para que los hogares en situación de carencia no se vean en una trampa de pobreza en la que las estrategias que se ven obligados a implementar en el corto plazo limitan su capacidad de salir de la pobreza en el medio y largo plazo”, apuntó Ubrich.