La mayoría de la población de origen inmigrante sigue estando fuertemente concentrada y segregada en la parte baja de la estructura social española. De hecho, las personas extranjeras en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos, lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que a la población española.

Mientras que en la población española la incidencia de la exclusión social es del 26%, para las personas de origen extracomunitario se eleva al 68%, e incluso hasta el 81% para las personas en situación administrativa irregular, es decir, una incidencia tres veces mayor. La irregularidad es la causa determinante de la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión.

Así lo refleja el documento FOCUS titulado “Vulneración de Derechos. Las personas en situación administrativa irregular”, publicado este miércoles por la Fundación FOESSA y cuyo objetivo es analizar las consecuencias que tiene sobre sus vidas la extrema precariedad económica y el no poder acceder a ayudas de vivienda, atención sanitaria o al empleo.

Para llegar a esta conclusión y ante la falta de cifras oficiales, el informe realiza una estimación del número de personas en situación administrativa irregular a partir de los datos que aportan los programas de acción social de Cáritas que acogen a estas personas.

 

Un 43% más que en 2019

De acuerdo con esas cifras, el 32% de las personas acompañadas por Cáritas a través de sus programas y recursos en 2022 se encontraban en situación administrativa irregular. En números absolutos se trata de 500.000 personas, un 43% más que a lo largo de 2019. El periodo medio de acompañamiento que necesitan estas personas oscila entre 1 y 2 años.

“Aunque los datos son insuficientes para poder aproximarnos al número real de personas en situación administrativa irregular en España, son suficientes para generar una aproximación realista y representativa sobre su situación”, explica Thomas Ubrich de la Fundación FOESSA y miembro del equipo de Estudios de Cáritas Española.

El estudio señala que existe una relación directa entre la falta de reconocimiento y acceso al derecho a la salud, al acceso al empleo y a las ayudas de vivienda y la mayor incidencia de rasgos de exclusión social en este grupo de personas.

De hecho, el 28% de las personas en situación administrativa irregular vive en hogares con todas las personas activas desempleadas. En el caso de ser las sustentadoras principales del hogar, el 23% tiene un empleo sin contrato legal y sin cotizar a la Seguridad Social.

“No contar con una autorización de residencia o trabajo dificulta y mucho la inclusión laboral pese a que se trata a su vez de la condición sine qua non para lograr casi cualquier autorización por razones excepcionales”, indica Thomas Ubrich.

Para María Segurado, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, “el obstáculo primordial surge de la lógica intrínseca del régimen general de extranjería y de la práctica inexistencia de vías legales y seguras de entrada en España, así como la exigencia mayoritaria de un trabajo para acceder a una autorización excepcional cuando las personas extranjeras ya son nuestras vecinas”.

Tres de cada diez (31%) personas en situación administrativa irregular atendida por Cáritas reconocen además haber sufrido un trato discriminatorio por razón de su nacionalidad u origen étnico frente al 22% de las personas extracomunitarias y el 5% de las españolas.

 

El acceso a la vivienda, el corolario de la exclusión

El acceso a la vivienda suele ser el corolario del conjunto de situaciones de exclusión que viven estas personas. Siete de cada 10 tienen que asumir gastos excesivos de la vivienda que les dificulta mucho poder cubrir otros gastos esenciales.

La falta de ingresos estables y suficientes les obliga muchas veces a vivir en casas con importantes carencias de habitabilidad (el 17% con situaciones de insalubridad) o en hacinamiento grave (el 35%). Otras personas, el 24%, viven en hogares con tenencia de la vivienda en precario (el 11% de personas con origen extracomunitario o el 5% con nacionalidad española).

A pesar de la modificación operada en la normativa de acceso a la atención sanitaria con el Real Decreto 7/2018 que derogaba el Real Decreto 16/2012, las personas en situación administrativa irregular, según los territorios, también tienen muchas dificultades para ver reconocido su derecho a la atención sanitaria que, tras la reforma ha quedado al arbitrio de la normativa autonómica.

De hecho, el 17% viven en hogares con graves de problemas nutrición: con alguien que ha pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasado ahora, mientras que más de la mitad (57%) viven en hogares con problemas económicos que les obliga a renunciar a la compra de ciertos medicamentos, dietas o tratamientos médicos.

“Para garantizar los derechos humanos de las personas migradas es fundamental poder avanzar hacia una puesta en práctica real de las vías legales de entrada que en la actualidad han tenido un desarrollo normativo escaso, pero además debemos avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años aportando a nuestra sociedad ”, señala María Segurado. Esta sugerencia forma parte de las ocho propuestas políticas que Cáritas Española presentó a todo el arco parlamentario el pasado mes de junio con motivo de las elecciones generales.